jueves, 9 de abril de 2009

Enorme perjuicio para la Dinac (Fuente ABC Color)

La Contraloría, tras la verificación de documentos y la inspección de las obras de implementación de un sistema de climatización en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, dice que hubo un perjuicio patrimonial que asciende a G. 374.814.292 contra el ente aeronáutico. Reportó indicios de hechos punibles, dando intervención a la Fiscalía General del Estado.


Pasajeros “sudando la gota gorda” en el Silvio Pettirossi. Dinac puso luego climatizador y su costo deja ahora “fríos” a los fiscales de la CGR.

Las obras, además del sistema de climatización, incluyen una sala de bombas y depósito, alimentación eléctrica y extensión de la línea trifásica.

“La CGR constató provisión incompleta del suministro (G. 135.327.000) y diferencia de cantidades ejecutadas, falta de racionalidad de los costos (G. 185.037.278) y trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo no ejecutadas (G. 54.450.000)”, dice el informe del ente contralor.

De la época de Tomás Bittar

Manifiesta, también, que el 19 de setiembre de 2006, la Dinac (representada entonces por su presidente, Tomás Bittar) contrató a la firma Environmental Ingeniería SRL, en el marco de la licitación pública nacional Nº 7/2006, para la “Implementación de un sistema de climatización” en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, por la suma total de G. 2.726.745.121.

Posteriormente (el 5 de febrero de 2007) se celebró el contrato modificatorio entre los mismos para proveer la “sala de bombas y depósito, con alimentación eléctrica y extensión de línea trifásica” por G. 465.678.791, explica.

“El perjuicio patrimonial está constituido por la diferencia entre la suma desembolsada por la Dinac (G. 872.783.107) y el valor económico de los bienes y servicios contratados (G. 497.968.814), conforme a la verificación in situ realizada por auditores de la CGR (según Resolución Nº 240/2007)”, apunta el documento de la Contraloría de la República.

La CGR, a través de la Nota Nº 1535, remitida al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, elevó los antecedentes del caso, además de los documentos respaldatorios, pidiendo la investigación del Ministerio Público.

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