El presidente Fernando Lugo está exhibiendo ante la opinión pública alarmantes signos de inseguridad. El mismo había presentado al Congreso el proyecto de ley para que los aeropuertos Silvio Pettirossi, Guaraní y el de Mariscal Estigarribia sean entregados a empresas privadas, que realicen las inversiones que el Estado no está en condiciones de hacer. Y, por supuesto, que las recuperen y obtengan beneficios lícitos.
Cuando el jefe del Ejecutivo entregó a los parlamentarios la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), convertida en proyecto de ley, estaba convencido de que era lo más conveniente y razonable para el país.
He aquí, sin embargo, que después de que el Congreso lo aprobara -luego de pasar por varios momentos de incertidumbre, de tire y afloje-, ante la presión de los trabajadores de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que amenazaban con una huelga, el presidente dio la primera señal de pisar sus palabras.
Tras una reunión en Mburuvicha Róga el pasado viernes, un vocero de los sindicalistas dijo que "hay una gran posibilidad" de que la Ley de Concesión de Aeropuertos sancionada por el Parlamento sea vetada por el Poder Ejecutivo.
A esa señal de retroceso se sumó el lunes la voz del jefe de Gabinete de la Presidencia, Miguel López Perito, quien dijo que, si los argumentos de los trabajadores son lo suficientemente fundados, la determinación puede ser revisada. En términos concretos, ello puede implicar desde un veto parcial a un veto total.
De hecho, al darse luz verde a la Mesa Revisora de Alto Nivel, compuesta por funcionarios del Gobierno y representantes de los trabajadores, ya hay un giro con respecto a la posición sustentada inicialmente por el presidente de la República. En esa instancia, los trabajadores insisten en el veto total, mientras el MOPC aboga por incluir en el decreto reglamentario de la ley las reivindicaciones solicitadas por los gremialistas.
Manteniendo una posición anclada en el chantaje y no en un diálogo razonable, los sindicalistas siguen amenazando con ir a la huelga si no se le da curso favorable a su planteamiento.
Los trabajadores hacen uso de su legítimo derecho a peticionar a las autoridades. A lo que no tienen derecho es a amenazar con parar un servicio básico indispensable y a trabar una iniciativa que redundará en beneficio del país. A estar por el historial de los trabajadores aeroportuarios, su verdadera apuesta es mantener un sistema corrupto y evitar que las empresas privadas pongan la casa en orden.
La vacilación del presidente Fernando Lugo no debe traducirse en un veto. Hacerlo sería catastrófico para la imagen del Paraguay y para su economía, en momentos en que las variables coyunturales juegan a su favor.
Fuente: www.ultimahora.com
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